El tratamiento jurídico de la inteligencia artificial se encuentra, a nivel global, en constante evolución respecto de la implantación de sistemas de regulación susceptibles de compaginar el apoyo y el impulso de la innovación con la protección de los derechos de los humanos en todos los ámbitos de garantía, así como la optimización del aprovechamiento de los beneficios de la Inteligencia Artificial con la mitigación de sus riesgos. Este es el objetivo común de todos los países que están abordando marcos regulatorios para esta tecnología, en cuya vanguardia se posiciona la Unión Europea con propuestas como el Reglamento de Inteligencia Artificial, que clasifica los sistemas de Inteligencia Artificial según su riesgo.