Las actividades que giran alrededor de los contratos estatales forman parte, especialmente después de la Constitución de 1991, de la democratización de la economía y de la integración de la autonomía de la voluntad a los negocios públicos. Los Códigos Civil y de Comercio se erigen e las normas esenciales sobre las que descansa la actividad de comercio en la que el Estado se encuentra involucrado.